La Unidad de Restitución de Tierras (URT) propuso crear un convenio con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para garantizar resultados en las investigaciones penales por despojos de tierra de las que han sido víctimas miles de campesinos en los departamentos del Magdalena y Atlántico. 

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El convenio permitiría que la Defensoría del Pueblo asuma la representación judicial de las víctimas en los procesos penales que tramita la Fiscalía debido a las compulsas de copias ordenadas por parte de jueces especializados en restitución y del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena; por su parte, la Fiscalía daría celeridad a las investigaciones y la URT continuaría acompañando a las víctimas en el seguimiento a la ejecución de las órdenes judiciales.

"Si bien es cierto que se han logrado avances significativos en los procesos de restitución y en la implementación de proyectos productivos, la impunidad ha favorecido tanto a las empresas multinacionales como a los actores armados que despojaron a miles de familias en el Caribe colombiano”, aseguró José Humberto Torres, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Magdalena y Atlántico. 

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El funcionario también planteó interrogantes sobre el estado actual de las pesquisas. Especialmente, en relación con cuántos procesos penales por despojo cursan en la Fiscalía, originados a partir de casos tramitados por la URT en Magdalena y Atlántico.

 Frente a esto, señaló que remitió oficios a dicha institución para conocer el estado de los procesos. 

“La impunidad es una herida abierta en una sociedad que anhela construir la paz, una herida que solo sanará si la Fiscalía actúa con la debida diligencia; si escucha el clamor de las víctimas. La justicia que ellas reclaman no puede seguir siendo un ideal lejano, la justicia tiene que ser el camino. No hay que desconocer que la impunidad es una forma de complicidad con el olvido”, concluyó.